PGE 2017


MANIFIESTO FEMINISTA

sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2017

La acción contra la discriminación y la violencia ¿cuestión de estado?

El Gobierno ha presentado el 4 de abril de 2017 el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, los primeros de una nueva legislatura (2017-2020) sin mayoría parlamentaria. Prevé un aumento de los precios del 1,5% y del 4,1% en el PIB (3,6% en 2016). Los PGE consolidados (incluyendo la Seguridad Social y otros organismos autónomos estatales) de gastos ascienden a 443.133 millones de euros, 9.566 euros/año por habitante, un 1,5% más que en 2016. El 40% es para pensiones, 27,2% para intereses y amortizaciones de préstamos y 9,3% transferencias a Comunidades Autónomas y Entidades Locales. El de ingresos asciende a 292.091 millones de euros, 280.212 millones no financieros (el 88,2 % por impuestos y cotizaciones sociales), que bajan el 2,6%, y 11.879 millones por la emisión de deuda pública, que crece un 4,2%.
Estos PGE reflejan un modelo económico basado en actividades productivas poco intensivas en tecnología, depredadoras del medio ambiente, que no atiende las necesidades sociales y que agrava los problemas de desigualdad social, particularmente la desigualdad entre hombres y mujeres; todo ello con desastrosas consecuencias para la economía y para la sociedad.
1) El gasto social no solo es escaso sino que potencia una estructura laboral/familiar atravesada por la división sexual del trabajo: un mercado de trabajo altamente segregado por sexos (vertical y horizontalmente) y una familia en la que los hombres se ven presionados a mantenerse alejados de los cuidados y las mujeres presionadas a abandonar sus empleos para cuidar en el seno del hogar.
- Sigue relegando los servicios públicos. Es significativo, por ejemplo, que la aportación del Estado al Sistema de Atención a la Dependencia (1.355 millones de euros) sea inferior a su gasto en desgravaciones y prestaciones para el cuidado ‘familiar’ de dependientes en el hogar.
- Mantiene la imposibilidad de que los hombres cuiden en igualdad con las mujeres. Es significativo que el permiso de paternidad, presupuestado en 439 millones de euros, sea aún la cuarta parte que el de maternidad (4 semanas frente a 16 semanas).
- Mantiene los incentivos a que las mujeres casadas abandonen sus puestos en el empleo formal, por ejemplo, al presupuestar 1.115 millones de euros para desgravaciones por tributación conjunta en el IRPF.
2) Este sistema es antisocial, ineficiente e insostenible:
- Es antisocial: no garantiza el derecho de la infancia a la educación; ni el de todas las personas dependientes a una atención suficiente mediante servicios públicos; ni el de las mujeres y todas las personas adultas a un ingreso digno que les permita ser independientes económicamente.
- Es ineficiente: despilfarra el capital de empleo de las mujeres y el capital cuidador de los hombres; favorece la economía sumergida y causa estragos en las familias y en la sociedad. Las partidas destinadas a compensar estos efectos son inferiores, no compensan el desastroso efecto de los incentivos a la retirada de las madres del empleo, y no serían necesarias si se atajaran las causas de la desigualdad.
- Es insostenible: agrava la crisis demográfica, pues no permite a las mujeres ser madres sin tener que renunciar al empleo y/o a la promoción. Y agrava también la crisis ecológica, al potenciar actividades contaminantes en lugar de actividades relacionadas con el estado del bienestar, las cuales constituyen el mayor yacimiento de empleos limpios y no deslocalizables.

El Informe Oficial de Impacto de Género adjunto por 9º año al Proyecto de Presupuestos 2017 sigue, como los anteriores, sin analizar la cuantía en euros de los programas presupuestarios analizados, cuestión esencial del presupuesto, y se refiere a los objetivos del Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016 ya finalizado, además de omitir la valoración del impacto de género de los tributos y otros ingresos, y de la mayoría de los gastos, en particular los de Seguridad Social, ignorando la brecha de género en las pensiones, y los de atención a la infancia y a las personas en situación de dependencia.
Nosotras consideramos que tienen especial influencia en la vida de las mujeres:
1.- El presupuesto del medio millón de empleos y los 4,2 millones de desempleos

Según el Gobierno, en 2017 se crearán 506.000 empleos. Todos los objetivos de personas beneficiarias de medidas de fomento del empleo o protección por desempleo no están desglosados por sexos, incumpliendo el art. 20 de la Ley O. 3/2007 de Igualdad.

El programa 241A Fomento de la inserción y de la estabilidad laboral tiene 5.488 millones de euros, un 6% más que en 2016, para actuaciones de inserción, incentivos a la contratación y a formación. El número de contratos previstos en 2017 para mujeres víctimas de violencia -1.000 contratos- es irrisorio, tanto en relación a los 736.500 contratos bonificados que prevé este programa, como en relación a las 140.000 mujeres denunciantes de violencia, de las que se estima que el 40% dependen económicamente de su agresor.
El programa 251M Prestaciones por desempleo, con 18.318 millones de euros, baja un 7,6%, después de haberse recortado un 22% en 2016. Sus objetivos son 711.723 beneficiarios de prestaciones contributivas y 1.118.625 beneficiarios de subsidio de desempleo, subsidio eventual agrario y renta activa de inserción. La disminución no es proporcional a la previsión de disminución del paro, sino a la de que cada haya menos personas paradas que tengan cobertura, pues la precariedad laboral impuesta por las reformas laborales impide acceder a las prestaciones. Así se mantiene en 2016 la tendencia descendente observada en la tasa de cobertura que se sitúa en el 56,6% cuando en 2008, al inicio de la crisis se situaba en el 74,8%.
El programa 241N Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas pasa de 36 a 11,4 millones, un 69% menos, en parte por no aparecer las transferencias a las Comunidades Autónomas para la gestión de las ayudas al trabajo autónomo y en cooperativas y sociedades laborales, que en 2016 fueron de 24 millones de euros. Las cifras muestran el escaso interés real, no retórico, del Gobierno por el fomento de la economía social.

La leve recuperación económica en 2016 sólo se ha traducido, según la EPA 4T2016, en 208.500 empleos de hombres y 205.400 de mujeres. Con 14.000 trabajadores/as más por cuenta propia y 428.500 empleos privados más, pero se han destruido 14.000 empleos públicos.
Hay 4,2 millones de personas (50,6% mujeres) en paro, de las que sólo el 46% cobran alguna prestación. Hay 541.700 parados menos, en parte por bajar la población activa en 127.800 personas, la mitad por desánimo en la búsqueda de empleo. La tasa de paro es del 20,25% en las mujeres, y 17,22% en los hombres.
La desigualdad en los cuidados se muestra que sólo el 41% de las mujeres trabaja a tiempo completo y somos el 73% de los empleados a tiempo parcial.

2.- Congelación, despidos y marginación del Instituto de la Mujer

El programa 232B Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres correspondiente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (es decir con competencias adicionales sobre discriminación de colectivos raciales o étnicos), se congela en 19,742 millones de euros. Es un 41,2% menos que en 2010.

Más de sus tres cuartas partes están externalizadas (capítulos 2, de contratación de servicios y 4 y 7 de transferencias), y además, pese a que aparentemente mantiene su presupuesto de Personal, se ha hecho público que, además de no cubrir las bajas desde 2010, ha despedido a cerca del 10% de su plantilla.

Congelación de presupuesto, falta de objetivos y de peso político, externalización y despidos, contrariamente al punto 15 de las Observaciones del Comité CEDAW/C/ESP/CO/7-8 de 2015 de restablecer el Ministerio de Igualdad eliminado en 2010, con recursos humanos y financieros adecuados para iniciar, coordinar y ejecutar las políticas de igualdad de género a un alto nivel, y aumentar los recursos para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres, en coordinación con las CC. Autónomas y cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la igualdad de la mujer, hacen del Instituto de la Mujer un órgano cada vez más pasivo y marginal.

El CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, recomendó al Gobierno de España en 2015 que restablezca el Ministerio de Igualdad eliminado en 2010 y aumente los recursos del Instituto de la Mujer para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres.

El Instituto de la Mujer dedicará en 2017 el 42% de su presupuesto (8,3 millones) a la contratación externa de ‘material, suministros y otros’ y el 23% (4,5 millones) a subvenciones. Elimina las subvenciones a Ayuntamientos y otras entidades locales para formación y fomento del empleo femenino, para eliminación de la brecha salarial y para estudios de género en universidades, que ya en 2016 eliminó a mitad de tramitación. Sube de 900.000 a 1.250.000 € las subvenciones para planes de igualdad en pymes y sigue apostando por conceder la mitad de la partida 48 a dedo a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, la FEMP, Cruz Roja, CEPAIM, FSG, FEUP, Cámaras de Comercio y la CEOE, y repartir la otra mitad, con publicidad y concurrencia, entre cerca de 70 organizaciones de mujeres y de otro tipo.
PREVISIÓN DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN 2017
euros
Subv. a la empresa pública CERSA para avales a mujeres emprendedoras
75.000
Subv. a Ceuta y Melilla para promoción de igualdad e inserción sociolaboral
100.000
Subv. a PYMES para planes de igualdad
1.250.000
Subvenciones a asociaciones y fundaciones anti-discriminación de la mujer
1.650.000
Subvención a Asociación Nacional de Mujeres en la Pesca
75.000
Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP
200.000
Convenios Programa SARA con Cruz Roja, CEPAIM, F. Secretariado Gitano y FEUP
500.000
Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio
360.000
Subv a la Conf. de Organizaciones Empresariales (CEOE)
250.000
Total Capítulo IV
4.490.000
3.- 27,7 millones contra la Violencia de Género frustran el Pacto de Estado y la demanda social
El programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, con 27.728,18, tiene 2,5 millones más que en 2016 (9,9%), pero aún es un 10,8% inferior al presupuestado en 2010.
Pero la persistencia de la violencia, las multitudinarias manifestaciones y la demanda social, así como la ratificación en 2013 del Convenio de Estambul del Consejo de Europa que exige extender la prevención y atención a las víctimas de violencia de género fuera de la pareja y el ‘Pacto de Estado’ acordado por el Congreso de Diputados el 15.11.16, exigen un aumento significativo de recursos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que lo gestiona sólo destina un 6% a personal y el 53,3% el gasto en subvenciones (13,4 millones). De ellos 6 millones son para convenios con Comunidades Autónomas (excepto Navarra y País Vasco), para financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica a las víctimas en todo el territorio del Estado que establece el art. 19 de la Ley O 1/2004, una cantidad insuficiente, pues equivalen al salario de unas 150 profesionales para más de 7.000 municipios.


No hay recursos, ni en este Ministerio ni en el de Educación, para la aplicación de los artículos 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Integral de 2004, que obligan a incluir la igualdad en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación inicial y permanente al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y que la Inspección informe sobre el cumplimiento. Además de la supresión de la breve Educación para la Ciudadanía, la LOMCE no hace ninguna mención al fomento específico o transversal de la igualdad entre hombres y mujeres.

El 51% de este programa, 5,7 millones de €, son para convenios con las CC. Autónomas para la asistencia social, jurídica y sicológica a las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos e hijas, que es la puerta de acceso al sistema, y el art. 19 de la Ley Orgánica 1/2004 establece como un derecho subjetivo universal de los 2,4 millones de mujeres víctimas (el 12% de los 20,1 millones de las mayores de 16 años residentes en España, que según la Macroencuesta 2015 sufren VG). Eso supone 2,28 euros al año, o 0,19 euros al mes por mujer, o cubrir solo el salario de unas 150 profesionales y la atención al 5% de las víctimas.

Pedimos que se dote con 120 millones de euros la partida 460 de transferencias a las Corporaciones Locales, porque es la puerta de acceso a todo el sistema. Que se transfieran directamente a las Corporaciones Locales para que presten la atención jurídica, sicológica y social especializada y de proximidad a las víctimas de la violencia de género y sus hijos e hijas, entendiendo por tales, como establece el Convenio de Estambul, no sólo a las agredidas por su pareja o expareja, y que sea una financiación plurianual, para prestar los servicios públicos estables con plantillas públicas estables, conforme a las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14.09.16, para la atención eficaz a cada víctima y para la cooperación con los juzgados, fuerzas de seguridad, centros educativos y de salud y demás instituciones en la prevención y asistencia a las víctimas.
4.- El Permiso de Paternidad aumenta, pero no se equipara al de Maternidad
Es parte del programa 221M. Aumenta su dotación presupuestaria en 235 millones respecto a 2016, llegando a 438,8 millones de euros, frente a 1.572,5 millones de euros para permisos de maternidad. El incremento corresponde a la ampliación del permiso de paternidad de 13 días a 4 semanas, prevista por la ley 9/2009 y que debería haber entrado en vigor el 1/01/2011.
A pesar de la ampliación a 4 semanas, el permiso de paternidad solo alcanza una duración que es la cuarta de la del permiso de maternidad. Además, estas 4 semanas, según la Ley 9/2009, tienen necesariamente que tomarse ininterrumpidamente. Así, no solamente se impide que los padres (o las madres no biológicas) puedan cuidar tanto como la madre biológica, sino que ni siquiera se les permite utilizar una parte de su permiso para quedarse al cargo de su bebé una vez que la madre biológica se incorpora a su puesto de trabajo.
El uso del permiso de paternidad sigue creciendo, revelándose como un instrumento útil para la inclusión de los hombres en el cuidado de sus criaturas. En 2016 se concedieron 244.468 permisos de paternidad, cifra que alcanzó así el 88% respecto al número de permisos de maternidad. Además, según una reciente encuesta, el 91% de los padres y el 93% de las madres se muestran a favor de que el permiso de paternidad se equipare al de maternidad. Por último, el Congreso de los Diputados ha votado ya a favor de 4 proposiciones no de ley instando al Gobierno a impulsar la reforma para que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100% para cada persona progenitora.
En consecuencia,
1) Pedimos que se apruebe sin dilación la reforma de los permisos para que sean iguales, intransferibles y pagados al 100%, con el diseño que propone la PPIINA. De esta manera, cada persona progenitora podrá tomarse un permiso inicial de 2 semanas a partir del nacimiento adopción y utilizar las restantes 14 semanas para turnarse con la otra persona progenitora si la hubiera.
2) Mientras, pedimos que se enmiende urgentemente la Ley 9/2009 para que el actual permiso de paternidad pueda tomarse en dos bloques antes de que transcurran 6 meses desde el nacimiento, adopción o acogimiento.
5.- El incremento real en Servicios Sociales y Atención a la Dependencia es del 0,8%
En 2016, el gasto público en servicios sociales en España (incluyendo la atención a la dependencia) fue de 16.700 millones de euros, asumido en un 60,8% por las Comunidades Autónomas, 25,5% por las Entidades Locales y solo el 13,7% por el Estado Central.

Como señala la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el incremento real en servicios sociales en los PGE 2017 es del 0,8%, 3,50 euros más para cada una de las 8,5 millones de personas usuarias, cuyo perfil es el de una mujer de 36 a 50 años con hijos, estudios primarios, en paro y con ingresos medios mensuales de entre 300 y 500€ (Informe del Consejo General del Trabajo Social I y II ISSE 2013- 2015).
Aumenta 130 millones de euros (30 en el Programa 231F Otros servicios sociales del Estado y 100 en el 231I Autonomía personal y atención a la dependencia), no los 442 (342 para un plan contra la pobreza infantil + 100 para la Dependencia) anunciados por el Gobierno y Ciudadanos, pues sólo 30 de los 342 millones contra la pobreza infantil aumentan realmente el Presupuesto de 2016, ya que:
  • 102 millones provienen del Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) de la Unión Europea, para ayuda alimentaria y contra la pobreza infantil, de excedentes alimentarios repartidos en años anteriores en la misma cuantía.
  • 140 millones corresponden a atención de familias con menores del Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, que durante el 2016 no se gastó, por la falta de voluntad de nuestro Gobierno para acoger refugiados, ni siquiera en los términos de la Decisión vinculante del Consejo Europeo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE.
  • 100 millones corresponden a la partida de Prestaciones básicas de servicios sociales, reducida un 67% en años en años anteriores, dotada con 70 millones en 2016, y que se incrementa en 30 millones en 2017, el único incremento real para combatir la pobreza infantil.
¿Qué pasa con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)? Según datos oficiales, el 31/12/16 había en España 1.213.873 personas, dos tercios mujeres, en situación de dependencia reconocida, la mayoría con más de 80 años. El 29% de ellas no recibe ninguna prestación, aun cuando tiene derecho a ellas, recayendo su cuidado en las mujeres de su familia. Una de cada tres personas desatendidas tiene reconocido el grado II o III de dependencia, es decir, necesita apoyo extenso o continuado de 10 h/día en promedio. La prestación mayoritaria (34%) sigue siendo la paguita, menguada, a cuidadoras familiares.
La aportación del Estado (Programa 231I) al SAAD será en 2017 de 1.354,81 millones de euros, un aumento del 8,2% que no alcanza para la atención de las 341.301 personas en lista de espera. El recorte acumulado del Estado en Dependencia, tras el RD-Ley 20/2012, asciende a 3.734 millones de euros, considerando la supresión del nivel acordado y de las cotizaciones de cuidadoras familiares y la reducción del nivel mínimo. Del gasto público directo en dependencia el Estado central aportó en 2016 el 17% y las Comunidades Autónomas el 83%. Esto no se corrige en el presupuesto para 2017, generando enormes desigualdades sociales, territoriales y de género e incumpliendo la Ley que establece una financiación al 50%. En los últimos cinco años unas 150.000 personas (90 cada día) dependientes con derecho reconocido murieron esperando a recibir prestaciones o servicios. ¿Por qué hay que cumplir la ley cuando se trata de rescatar autovías y no hay que aplicarla cuando se trata de atender a personas dependientes?
Cada millón de euros de gasto público en atención a personas dependientes genera 35 empleos directos, y retorna al Estado el 39,5% por impuestos o cotizaciones. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera –simplemente cumpliendo la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos, y se liberaría a las cuidadoras familiares, el 83% mujeres.

El 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de Naciones Unidas es la igualdad de las mujeres, y su 4º apartado es reconocer, valorar y repartir los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado “mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social”. También el punto 29.b) de las citadas Observaciones a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 recomiendan ‘Restaurar la financiación de la aplicación de la Ley 39/2006’. Atender a todas las personas dependientes con derecho exige 3.000 millones más al año, de los que el Estado central debería aportar 1.500.
6.- Educación: aumenta el presupuesto en becas pero hay nuevos recortes en programas clave como la educación infantil y primaria o la compensatoria de desigualdades
Con las competencias transferidas y la mayoría del gasto educativo asumido por las Comunidades Autónomas, el gasto en Educación en los PGE 2017 es de 2.522,76 millones de euros, un 1,7% más que en 2016. La mayor parte, un 60% es para becas, con un 1,39% más dotación que que el año pasado. Incluye fondos para el programa de intercambio europeo Erasmus+ o el de aprendizaje de lenguas extranjeras.
Pese a que se incrementa moderadamente el presupuesto en educación, sigue por debajo de los 2.843 millones de euros que había en 2011 y no repone los recortes de los Decretos 14/2012 y 20/2012. Y es inferior al de los países de la UE, en todas las etapas, desde que los estudiantes entran en el colegio hasta que salen de la Universidad.
i) Falta de claridad del impacto de género de algunos programas clave:
a) programas con un importante incremento presupuestario: El programa 322L de inversiones en centros educativos, con 90,6 millones de euros, un 82% más que en 2016, sin embargo, el informe de Impacto de Género del Gobierno no presenta datos claros de las actividades previstas para fomentar la igualdad de género, al presentar información desactualizada.
b) programas clave para fomentar la igualdad de género, como el 321M Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte: cuenta con 87,9 millones de euros, un 3% menos que en 2016. ¿Cómo afecta la reducción del presupuesto a la consecución de los objetivos clave para la igualdad de género que persigue? ¿Qué presupuesto se asigna al logro de cada uno de ellos?
Exigimos claridad en la descripción de la financiación del programa y de los elementos que favorecen la igualdad de género.
ii) Programas insuficientemente financiados: El 322G de Educación compensatoria de las desventajas socioeducativas (para el alumnado con necesidades de apoyo, como el colectivo gitano español y otros grupos vulnerables) cuenta con 4,65 millones (9% menos que en 2016) y el programa 322A de Educación Infantil y Primaria, con 159,2 millones, 0,3% menos que en 2016, reflejo de la incipiente oferta de servicios públicos accesibles a la infancia (servicios que en otros países europeos están completamente financiados). Menos de un tercio de los niños y niñas de 0 a 3 años están escolarizados, la mitad en centros públicos.
Disminuyen las partidas de Educación Secundaria, Formación Profesional y escuelas oficiales de idiomas (429,4 millones de euros, un 4,5% menos), de educación en el exterior (95,3 millones, un 0,3% menos), formación permanente del profesorado (2,7 millones de euros, un 17,1% menos) y de deportes en edad escolar y en la Universidad (2,1 millones de euros, un 18,8% menos).
iii) Incrementos. Aumentan las partidas de enseñanzas universitarias (un 3,5%), enseñanzas artísticas (3,1%) y enseñanzas especiales (5%).
iv) Sobre la LOMCE de 2012, conocida como “Ley Wert”: pedimos corregir su falta de objetivos de igualdad entre mujeres y hombres en programas transversales y específicos; que la educación segregada por sexos no se financie con fondos públicos, que se incluya la educación para la igualdad de género y la educación afectivo-sexual en el currículum educativo, concretando el mandato de la Ley O. 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, y que se cumpla el punto 27 de las Observaciones del 24.07.2015 del Comité CEDAW/C/ESP/CO/7-8:
a) actuaciones específicas para la diversificación e igualdad de mujeres y hombres en opciones académicas y profesionales
b) eliminar los estereotipos de género en los recursos educativos e incluir la promoción de la igualdad de género en los planes de estudio
c) Educación sexual y reproductiva obligatoria apropiada a cada edad, impartida por personal capacitado e integrada en los programas escolares regulares, sobre comportamiento sexual responsable, prevención del embarazo precoz y enfermedades de transmisión sexual
d) medidas eficaces contra el abandono escolar de las adolescentes gitanas y aumentar su educación básica y superior con acciones positivas como becas y libros de texto gratuitos.
7.- Sanidad pública universal y de calidad, incluyendo el derecho al aborto sin discriminación de edad
Según la nota de prensa reflejada en la página web del Ministerio, “El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para este año para el 2017 se incrementa en 161,34 millones de euros, un 7,97%, respecto al del 2016, llegando a los 2.184,6 millones. Es por lo tanto el mayor incremento del presupuesto de este ministerio desde el año 2011.”
Sin embargo, el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el 2017 ha sufrido un recorte del 42% respecto al año 2008, que asciende al 61% si se restan en 2017 los programas presupuestarios de servicios sociales, no incluidos en este Ministerio en 2008.
Los programas presupuestarios más afectados son:
Investigación sanitaria: dotado con 43 millones de euros en 2008. Desaparece en 2014 y no cuenta con presupuesto para 2017. Endometriosis y fibromialgia son sólo dos ejemplos de enfermedades que afectan a las mujeres y que no reciben la investigación científica adecuada.
311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional: dotado con 8,8 millones de euros en 2017. Ha sufrido una reducción del 96% respecto del presupuesto de 2008, eliminando el Observatorio de Salud de la Mujer, cuyo objetivo era cumplir en el ámbito sanitario los mandatos establecidos por la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género y por la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
231A Plan Nacional sobre Drogas: la dotación presupuestaria para el ejercicio 2017 es de 14,7 millones de euros, el 54% del presupuesto de este programa en 2008. El consumo de hipnosedantes es el doble en mujeres que en hombres y alcanza a un 15% de la población femenina, siendo considerada la tercera droga por nivel de consumo por detrás del alcohol y el tabaco.
El informe “Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España”1, señala que la depresión incide prácticamente el doble (20,4%) en mujeres que en hombres (10,6%). Se declaran sedentarios el 31% de los hombres mayores de 15 años y el 42 % de las mujeres. La dificultad para llevar a cabo alguna actividad básica de la vida diaria afecta al 25,19% de las mujeres mayores de 65 años y al 14,95% de los hombres. Las mujeres que declaran haber necesitado atención sanitaria en el año anterior y no habérsela podido permitir por motivos económicos superan en un 64% a los hombres en cuanto a atención médica, 27% en atención dental y 40% para medicamentos recetados.

La “reforma sanitaria” ha impulsado la privatización. La aplicación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es casi nula en educación sexual por falta de presupuesto específico. En 2011 el Ministerio de Sanidad cambió los anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud, más por motivos económicos que sanitarios; subsiste un exceso de cesáreas y episiotomías en el parto. Tras los recortes sanitarios las mujeres encuentran más discriminación a la hora de acceder a tratamientos de reproducción asistida –agravada si tienen una pareja masculina- o tienen que recorrer cientos de kilómetros para acceder a un servicio de aborto legal porque en su comunidad autónoma no se lleva a cabo, y sólo el 6% se realizan en centros sanitarios públicos. La reforma sanitaria también reduce el acceso a medidas de planificación familiar y al aborto seguro de las inmigrantes en situación irregular, aumentando su discriminación y vulnerabilidad a la violencia. Aunque desde 2014 hay un tímido incremento en el presupuesto para prevención de VIH, es mínimo en comparación con la drástica bajada del 90% en el presupuesto real del Plan Nacional sobre el Sida en 2012. En los Centros de Internamiento de Personas Extranjeras (CIE) falta atención especializada a mujeres embarazadas, se han producido casos de interrupción o denegación de tratamientos y abusos hacia personas homosexuales y transexuales. Desde 2015 se exige a las jóvenes de 16 a 18 años autorización de sus padres o tutores para abortar.
Frente a esa realidad, los indicadores de Objetivos de los programas de Salud y de Juventud no se refieren a igualdad ni a personas2, lo que contrasta con el Informe Oficial de Impacto de Género de los PGE 2017, que refiere medidas de personal en el Programa 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en su página 368 dice que el Programa 311O Políticas de Salud aplica la medida 125 del Plan Estratégico de Igualdad 2013-2016 ‘Recogida de información desagregada por sexo y edad en los sistemas de información sanitaria y de los servicios sociales y análisis de datos’.
Por todo lo mencionado, exigimos que la dotación presupuestaria de los programas de Salud:
  • Restaure la atención sanitaria universal frente al R. Decreto-Ley 16/2012, que ha excluido a cientos de miles de personas, con especial incidencia en las mujeres, como señala el punto 31 de las observaciones del Comité CEDAW en 2015.
  • Recupere la dotación económica del ejercicio 2008.
  • Restaure la actividad del Observatorio de Salud de la Mujer e incluya los aspectos de género necesarios para que efectivamente la sanidad sea igual para todas y todos.
  • Educación sexual, anticoncepción y aborto en el sistema público, sin discriminación de las menores.

8.- Olvido reiterado del análisis de género en las pensiones
El retraso de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años y la ampliación de 15 a 20 años en el periodo de cálculo para la pensión contributiva mínima, afecta de manera desigual a hombres y a mujeres. Pero el informe de impacto de género no analiza la sección 60, sobre los programas presupuestarios de la Seguridad Social, aun cuando las pensiones suponen el 41% de los PGE 2017.
En la actualidad no hay igualdad real de mujeres y hombres en la protección social. La menor tasa de ocupación femenina, la desigualdad salarial y las diferencias entre la vida laboral de hombres y mujeres, marcadas por la precariedad y la feminización del cuidado de menores de edad y familiares dependientes a cargo con las consiguientes “lagunas de cotización” llevan a que la pensión media de las mujeres (711,25€) sea un 37% más baja que la de los hombres (1.133,63€), brecha que alcanza más de un 40% para el tramo de edad entre los 70 y 79 años.
La discriminación de las mujeres en las pensiones contributivas se suma a la alta feminización de las pensiones no contributivas (PNC) con la gran diferencia que implica sobre las cuantías percibidas. La PNC es de 367 euros mensuales muy por debajo del mínimo establecido para las pensiones contributivas de 637 para hogares unipersonales.

Según datos del IMSERSO a diciembre 2016, son mujeres el 66,42% de los 454.201 beneficiarios de PNC implantadas en 1990 para las personas con invalidez (52% mujeres) o mayores de 65 años que no han cotizado el mínimo de 15 años exigido para la pensión contributiva de jubilación (77,35% mujeres - 22,65% hombres), no son viudas de personas con 5 o más años cotizados, y no tienen rentas de cualquier tipo, personales o de la unidad familiar. Esto lleva a que 1 de cada 4 mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza.
9.- La cooperación al desarrollo sigue cayendo en picado
El recorte sufrido por la política de cooperación desde 2010 sitúa a España muy lejos del lugar que le corresponde en relación con su nivel de riqueza y su posición en el contexto internacional. Desde el año 2010 hemos pasado de destinar el 0,43% de la riqueza nacional a un 0.21% en 2017. Además, aquellas partidas con mayor capacidad demostrada de promover derechos humanos, defender la equidad de género o de generar cambios en la vida de las personas, siguen siendo las más castigadas.
E
n 2017, la Ayuda Oficial al Desarrollo española ascenderá a 2.450 millones de euros, lo que supone un 0.21% de la Renta Nacional Bruta. Son 54 millones de euros más que lo presupuestado en 2016, o un incremento del 2%, que apenas se corresponde con el incremento de la RNB desde el pasado año.
Departamento / organismo / unidad AOD Presupuestos 2016* AOD Presupuestos 2017*
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
752,97
558.69
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
947,23
989,00
Ministerio de Economía y Competitividad
486,49
372,33
Otros Ministerios
32,13
257,93
Total de la Administración General del Estado
2.218,83
2.177,93
Otros agentes (CCAA, EELL y Universidades)
177,47
272,77
TOTAL AOD España
2.396,30
2450,72

Fuente: informe Oficial de la Ayuda al Desarrollo. SECIPI *millones de euros


En el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINGAFP) prácticamente toda la aportación corresponde a las contribuciones obligatorias a la Unión Europea, que aumentan en función del incremento de la RNB.
El incremento del presupuesto de AOD en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) se debe a que computa tal el gasto previsto para refugiados en España, que asciende a 232 millones de €, lo que representa un 10,65% del total. Un incremento considerable con respecto a años anteriores que, sin embargo, no debería considerase como AOD, puesto que no son fondos que contribuyan a la erradicación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad en los países con menos recursos.
Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores aumenta su presupuesto un 2,3% respecto a 2016, la AOD desciende 194,28 millones, hasta 558,69 millones, un recorte del 25%. Un año más el presupuesto de la AECID será el más reducido, incluso por debajo del presupuesto asignado en 2012, año en el que ésta política pública experimentó el mayor recorte. Ello ratifica la irrelevancia a la que ha sido llevada la AECID como organismo gestor de la cooperación, a pesar de ser el principal órgano de ejecución de la cooperación al desarrollo, según la ley de cooperación y desde donde mejor se puede promover derechos humanos, defender la equidad de género.
Presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo
2016
2017
Variación 2016-2017
 


En millones de €
En %
Ayuda Oficial al Desarrollo del MAEC
752,97
558,69
-194,28 €
-25,0%
AECID
229,13
228,00
-1.13 €
-0,49%
TOTAL Mº A Exteriores y Cooperación (Cap 1 a 8)
1.734.683,19
1.774.806,64
40.123,45 €
2,3%
 Fuente: Proyecto de PGE 2017- Informe AOD SECIPI
Abril de 2017
1 Plataforma Impacto de Género Ya
2 Fórum de Política Feminista
3 Otro Tiempo
4 Colectivo Feminista Las Tejedoras
5 Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos
6 Generando red contra las violencias machistas
7 Asociación Nosotras mismas
8 Mujeres en zona de conflicto
9 ADAVAS – Asociación de ayuda a víctimas de agresiones sexuales y violencia doméstica
10 AIETI (Asociación de Investigación y Especialización Sobre Temas Iberoamericanos)
11 ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados)
12 Alquimia Feminista de Fuenlabrada
13 AMECO -Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación-
14 AMiLiPS
15 AmpB Asociación mujeres progresistas Bercianas
16 ANDREA
17 Area de la mujer de IU local
18 Area Federal de la Mujer de Izquierda Unida
19 Asamblea Ciudadana Ganemos Córdoba
20 Asamblea Feminista de Madrid
21 ASOC cultural social y empresaria hispanoemericanosen Javea y Valencia
22 Asociación Casa de Colombia en España
23 Asociación Contramarea
24 Asociacion de Mujeres de San Fernando de Henares Montserrat Roig
25 Asociación de Mujeres Feminista Puntos Subversivos
26 Asociación de mujeres La Rondilla
27 Asociación de Mujeres Latinoamericanas Amalgama
28 Asociación de Mulleres Feministas de Ourense FALANDO NOS
29 Asociacion Domitila Hernández.Por la Igualdad de Oportunidades
30 Asociación Feminismos Córdoba
31 Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán
32 Asociación Leonesa Simone de Beauvoir
33 Asociación Mercedes Machado
34 Asociación Mujeres Opañel
35 Asociación Mujeres por la Paz
36 Asociación Por Ti Mujer
37 Asociación Rural de Mujeres Tiemar
38 CCOO de La Rioja
39 Centro de estudios e Investigación sobre Mujeres CEIM
40 Colectiva Feminista IMPACIENTES
41 Colectiva Feminista TRECE ROSAS
42 Colectivo Infancia
43 Colectiva URBANAS
44 CONFEDERACIÓN CERES
45 Coordinadora de Organizaciones de Mujeres por la Participación y la Igualdad
46 Coordinadora de organizaciones de mujeres y/o feministas por la igualdad en Navarra (COMFIN)
47 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN Y PARA LA IGUALDAD
48 COORDINADORA DE TRABAJADORES DE ANDALUCIA C.T.A.
49 Dones de Xirivella en Acció
50 Dones Juristes
51 El tren de la libertad morado
52 F. Feminismo PCM
53 Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid
54 FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LORCA
55 FEDERACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL
56 Feminicidio.net- Asociacion la sur
57 Feminismos -Entrepueblos -Entrepobles -Entrepobles -Herriarte
58 Foro de mujeres MIRaN
59 Foro Feminista de Castilla y León
60 Fórum de Política Feminista
61 Forum de Política Feminista de Córdoba
62 Forum de Política Feminista de Granada
63 Forum de Politica Feminista de Murcia
64 Fórum Feminista de Madrid
65 Forum Política Feminista- Málaga
66 FSS-CCOO (Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios)

67 Gaia Feminista
68 Grupo Antígona (Universidad Autónoma de Barcelona)
69 Grupo de Mujeres de Av. Zarzaquemada
70 Grupo Feminista "Mujeres en la Calle"
71 Grupo PROMETEO - Hombres por la Igualdad
72 Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarollo - ICID
73 Izquierda Abierta
74 Les Tisores de Mislata
75 Libreria mujeres de madrid
76 Malen Etxea, mujeres inmigrantes
77 MDM Hipatia - Federal
78 Movimiento Democtatico de Mujeres
79 Mujeres de Negro contra la Guerra - Madrid
80 Mulheres Nacionalistas Galegas
81 Nira Sesma
82 Organización de Mujeres CI
83 ORGANIZACIÓN DE MUJERES CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL
84 Plataforma 7N Feminista
85 Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género
86 Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda-Madrid
87 Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA)
88 PLAZANDREOK
89 Red de mujeres latinoamericanas y del Caribe
90 Red Ecofeminista iberica e iberoamericana
91 Red Feminista de Derecho Constitucional
92 RED MUJERES AMERICA LATINA Y CARIBE EN ESPAÑA
93 Rede Galega pola Igualdade
94 SECRETARÍA CONFEDERAL DE MUJER E IGUALDAD DE COMISIONES OBRERAS
95 Secretaria de Géneros e Igualdad de USTEA GRANADA
96 Secretaría de Géneros y Igualdad USTEA GRANADA
97 Secretaría de la Mujer CCOO de Madrid.
98 Secretaria de Mujer PCE
99 SinGENEROdeDUDAS
100 STECyL-i Valladolid
101 TAMAIA viure sense violència, sccl
102 Unid : Unión integral y democrática de todos los pueblos
103 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
104 USTEA
105 XARXA DE DONES PER LA SALUT

Seguimos recogiendo firmas de adhesión al manifiesto en https://goo.gl/forms/DgUqgn7JFYgdjdLu1 hasta el acto de presentación que tendrá lugar el
Jueves 27 de abril 2017, a las 17 h, en el Congreso de Diputados,
Sala Sagasta, Carrera de S.Jerónimo esq Cedaceros
Charo Marcos presentará este Manifiesto Feminista
Han sido invitad@s a intervenir l@s portavoces en las Comisiones de Presupuestos y de Igualdad de los Grupos Popular, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Ciudadanos, PNV, ERC y Mixto
Moderará Isabel Serantes
1 Publicado en 2016 por Médicos del Mundo, AIETI, APS, Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, Creación Positiva, Federación de Planificación Familiar Estatal, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Fórum de Política Feminista, Fundación para la Convivencia Aspacia, Haurralde, Plataforma CEDAW Sombra, la Red de Mujeres de América Latina y del Caribe en España y Women’s Link Worldwide.
2 En Servicios Sociales tratan de 51.400 profesionales de Corporaciones Locales y 8.385.000 personas usuarias del Plan Concertado; 45.648 usuarios y 54.468 usuarias en desarrollo social de las comunidades gitanas; 130.000 chicos y 145.000 chicas menores con apoyo en situación de vulnerabilidad y/o pobreza; 1.100.000 usuarios mayores de 16 años y 250.000 usuarias menores de 16 años (¿) del Fondo Europeo para Personas Desfavorecidas (FEAD).






























































































































































































































































































































































































































      3 comentarios:

      1. Buenísimo. Gracias por la excelente recopilación de datos y el trabajo.
        R8��✊�� Sumando fuerzas feministas.

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